CEMUJER señala la importancia del reconocimiento oficial del desplazamiento forzado

Ima Guirola, vocera institucional del Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera”, (CEMUJER) se hizo presente en la Asamblea Legislativa para apoyar y respaldar la iniciativa de ley interpuesta por Cristosal el pasado 23 de agosto, presentando dos piezas de correspondencia, una dirigida a la presidencia de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y otra al pleno legislativo; en la que solicitan iniciar a la brevedad el estudio de la iniciativa de ley en el marco de cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala de lo constitucional en el amparo 411-2017; que se escuche la voz de las víctimas y sobrevivientes; y en tercer punto que se incluya esta organización de derechos humanos como parte de la comisión.

 

La sentencia de amparo 411-2017 ha señalado seis meses para que el Estado reconozca el desplazamiento forzado por violencia, de los que ha pasado más de dos meses. Guirola advierte que está por cumplirse la mitad del plazo sin que haya una acción diligente por parte del Estado Salvadoreño.

 

Guirola resalta la importancia de reconocer el desplazamiento forzado por violencia, algo que el Estado niega hacer y prefiere llamarlo “movilidad interna” o sinónimos que restan importancia al fenómeno.  “No es un problema de terminología, es un problema de reconocimiento de graves violaciones a derechos humanos que están ocasionando la vulneración de la integridad de amplias poblaciones en nuestro país, de familias y grupos poblacionales completos que se están viendo desplazados”, señala. Para Guirola, el desplazamiento forzado es un fenómeno que emboca en migración, deportaciones, trata de personas y otras violaciones graves de derechos humanos. De ahí la importancia de tomar acciones ante el desplazamiento forzado por violencia.

 

El 23 de agosto, Cristosal presentó una iniciativa de ley que tiene como finalidad reconocer, garantizar y hacer efectivos los derechos de las víctimas de violencia en condición actual de desplazamiento forzado o que están en riesgo de serlo, estableciendo mecanismos de prevención, protección y asistencia durante el desplazamiento y su retorno, reasentamiento e integración. Esta ley tiene un componente de fortalecimiento en el andamiaje institucional y plantea una política nacional de protección a víctimas de violencia que están siendo desplazadas forzadamente en el país.

 

Esta ley fue presentada en el marco de la resolución emitida por la sala de lo constitucional el 13 de julio del presente año, en la que se señala la necesidad de reconocer el desplazamiento forzado por violencia en el plazo de seis meses que se cumplen el 15 de enero de 2019.

 

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