El Salvador tiene una oportunidad histórica para atender el desplazamiento interno

Al menos 300,000 salvadoreños y salvadoreñas se desplazaron el año pasado y muchos continúan huyendo de la violencia ejercida por pandillas. Elizabeth Ferris y Walter Kalin explican por qué la nueva propuesta de ley especial de desplazamiento forzado en El Salvador es una oportunidad para ayudar y ofrecer un modelo para otros países.

 

La violencia causada por las pandillas en El Salvador ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares. Una cifra récord de personas ha realizado un largo viaje pasando Centroamérica y México para solicitar protección en la frontera de Estados Unidos. Pero es mayor la cantidad de personas que están desplazadas internamente dentro de las fronteras de su propio país, algunas de estas personas son forzadas a desplazarse varias veces en la búsqueda de resguardarse de la brutal violencia de pandillas.

 

Bajo el derecho internacional, es responsabilidad del gobierno asegurar que los derechos de las personas que sufren desplazamiento forzado sean respetados. Hasta este momento, El Salvador no ha tenido una ley nacional o política sobre desplazamiento forzado interno.

 

Sin embargo, una propuesta de ley sobre personas desplazadas internas ha sido presentado recientemente en la asamblea legislativa de El Salvador, ofreciendo al gobierno una oportunidad de asumir su responsabilidad de asegurar los derechos de las personas desplazadas internas.

 

Varios informes recientes han destacado los terribles estragos que el desplazamiento interno genera en las personas que huyen por sus vidas, como resultado de la violencia criminal. Aunque ha habido una buena cobertura mediática sobre salvadoreños(as) y otras personas del triángulo norte de Centroamérica llegando a la frontera de México y Estados Unidos, la situación de aquellas personas desplazadas internas en su propio país es menos visible.

 

Un informe reciente de Cristosal titulado “Visibilizar lo invisible” ofrece una clara y convincente evidencia sobre cómo y por qué las personas abandonan sus hogares: el 96% de las personas entrevistadas nombraron a las pandillas como el motivo de su desplazamiento.

 

Otro nuevo informe del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) estima que casi 300,000 salvadoreños y salvadoreñas se convirtieron en desplazados en el 2017. Mas de una cuarta parte de ellas se desplazó dos veces o más. El gobierno estima que son menos personas. Las estadísticas sobre desplazamiento interno siempre son difíciles, particularmente cuando la gente tiene miedo de denunciar a la policía y otras autoridades. Según Cristosal, el 68% de personas no reportaron su desplazamiento, porque tenían miedo de las repercusiones de los perpetradores que los habían obligado a abandonar sus casas.

 

 

La violencia se configura en la forma de extorsión, amenazas, secuestros y homicidios. El informe de IDMC reveló que las amenazas dirigidas crean una serie de riesgos y que las víctimas toman decisiones muy personales sobre dónde buscar refugio. Un lugar seguro para una persona puede ser peligroso para otras.

 

Sin embargo, el desplazamiento interno suele ser inefectivo, las pandillas tienen maneras de rastrear a las personas que están intentado escapar, particularmente cuando se percibe que han traicionado a la pandilla. Organizaciones de sociedad civil proveen algunos apoyos a personas desplazadas internas, pero la falta de lugares seguros, el inadecuado apoyo del gobierno y el hecho que las personas desplazadas no denuncian, porque creen que en el anonimato están más seguras, limita sus posibilidades.

 

El gobierno de El Salvador ha creado un mecanismo para apoyar a las víctimas en locaciones clave por todo el país y ha establecido instituciones especializadas para grupos vulnerables. Sin embargo, Noah Bullock, Director Ejecutivo de Cristosal, señala que no ha existido un reconocimiento del gobierno sobre la escala del desplazamiento interno en el país, ni se ha desarrollado una política específica para atenderlo.

 

En un informe sobre su visita a El Salvador en 2017, la relatora especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jimenez-Damary resaltó que: “El reconocimiento del problema del desplazamiento forzado interno debe ser seguido por una política legal y marcos institucionales para la protección de personas desplazadas internas.”

 

En julio de 2018, una sentencia histórica emitida por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador señaló las fallas en la protección de las personas desplazadas internas son inconstitucionales. Esta sentencia fue en respuesta a una demanda de amparo presentada por personas desplazadas, donde denunciaron ser víctimas de amenazas y ataques por parte de pandillas, razón por la cual tuvieron que desplazarse en múltiples ocasiones. A pesar de haber denunciado estas amenazas y ataques a las autoridades en varias ocasiones, el gobierno no los protegió.

 

En su sentencia, la corte no solo llama a hacer una investigación inmediata los crímenes cometidos contra este grupo de personas, también ordena al gobierno que desarrolle e implemente políticas para prevenir el desplazamiento forzado y proteger a las personas que tengan que desplazarse. La sentencia también obliga que esta nueva legislación incluya los Principios Rectores sobre desplazamiento interno de Naciones Unidas. Finalmente, la sentencia ordena que el presidente de la república incluya la asistencia para personas desplazadas por violencia criminal en el presupuesto anual de la nación.

 

El Salvador tiene ahora una oportunidad histórica, no solo de implementar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, si no de desarrollar una ley y mecanismos institucionales para proteger los derechos de las personas desplazadas internas. En nuestra labor con gobiernos que enfrentan desplazamiento interno en gran escala, como Colombia, Uganda y Georgia, hemos visto el impacto positivo de leyes nacionales y políticas para personas desplazadas internas.  Si bien la implementación de leyes y políticas es casi siempre imperfecta, proveen un marco de acción y responsabilidad. Promulgar leyes y políticas es también un signo del compromiso de un gobierno con la protección de la ciudadanía, incluidas las personas desplazadas internamente.

 

Un estudio de Brookings-Bern, que comparó la respuesta de 15 gobiernos a las personas desplazadas internas, reveló que “una respuesta efectiva al desplazamiento casi siempre requiere acción legislativa, porque las leyes actuales representan obstáculos no deseados para la capacidad de las personas desplazadas internas para ejercer sus derechos o porque por sí mismas no proveen una base necesaria para atender a estas personas”.

 

Idealmente una ley debe ser integral, aplicable a aquellas personas que se desplazan por diferentes motivos y atendiendo todas las etapas del desplazamiento. Otros pasos importantes incluyen designar un punto focal institucional con suficiente peso político para proveer protección significativa y asistencia a personas desplazadas internas y dedicando recursos humanos y financieros adecuados para atenderlas.

 

Hay varios componentes fuertes de la propuesta de ley de desplazamiento forzado de El Salvador, incluida su base en los Principios Rectores de Desplazamiento Interno de la ONU y su énfasis en la protección de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado en todas sus etapas. Se aplica a aquellos desplazados por acciones hechas por el Estado, también se incluyen a actores no estatales. Define las obligaciones de las instancias gubernamentales y establece un mecanismo interinstitucional para coordinar acciones gubernamentales para apoyar personas desplazadas, incluyendo actividades para prevención en respuesta del desplazamiento interno.

 

Atender las necesidades y protección de derechos de varios cientos de miles de salvadoreños(as) huyendo de la violencia criminal es una tarea grande. Pero adoptando una ley fuerte que incluye los Principios Rectores será una buena señal de la voluntad del gobierno salvadoreño para ejercer su responsabilidad de brindar protección a todos sus ciudadanos.

 

Además, la adopción de una nueva ley también serviría como modelo para otros países en Centroamérica que están luchando por ofrecer una respuesta a gran escala del desplazamiento. En este año que celebramos el vigésimo aniversario de los principios rectores, esta acción podría alentar a otros gobiernos, en países aun más distantes a hacer lo correcto y desarrollar la implementación de políticas que protejan a las personas desplazadas.

 

Ferris, Elizabeth (4 de octubre 2018).El Salvador Has a Historic Opportunity to Address Internal Displacement. Portal newsdeeply. Recuperado de: https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2018/10/04/el-salvador-has-a-historic-opportunity-to-address-internal-displacement

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