El Mozote ha desafiado la impunidad en El Salvador

En el marco del 37° aniversario para conmemorar a las víctimas de la “Masacre de El Mozote y sitios aledaños”, los perpetradores aún son protegidos por sectores de poder, pero la lucha de las víctimas por justicia avanza firme por primera vez.

 

Este crímen de lesa forma parte de una cadena de masacres bajo la modalidad de tierra arrasada, una práctica sistemática de matanza de civiles como un mecanismo de terrorismo de Estado que incorporaron las Fuerzas Armadas y su cúpula como una forma de estrategia contra insurgente: generar terrorismo de Estado, exterminios humanos en zonas rurales.

 

Desde la perpetración del exterminio y tras la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, el tribunal competente admitió la acusación impulsada por las víctimas, formalizó la imputación contra 18 exjefes militares y dio trámite a las diversas diligencias de investigación solicitadas.

 

Por primera vez las víctimas han sido escuchadas ante un tribunal que respetó las garantías del debido proceso para todas las partes y afirmaron su verdad ante el interrogatorio de los defensores de los imputados.

 

 

Varios años de esfuerzo, caracterizados por la valentía de las víctimas y los serios trabajos forenses del Equipo Argentino de Antropología Forense y forenses salvadoreños han demostrado plenamente las dimensiones de la matanza: un millar de víctimas asesinadas, más de la mitad niños, niñas y adolescentes; numerosas violaciones sexuales; destrucción absoluta de los bienes y las comunidades afectadas, entre otras atrocidades. Se trató de un exterminio perpetrado contra población civil no combatiente, configurándose la perpetración de un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad.

 

A 37 años de perpetrada la masacre Cristosal conmemora a las y los centenares de víctimas de Arambala, El Pinalito, El Mozote, La Joya, Cerro Ortiz, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo y Cerro Pando, asesinados con crueldad entre el 8 y el 13 de diciembre de 1981, en el norte del Departamento de Morazán.

 

Cristosal reconoce la lucha histórica de sobrevivientes y familiares, de las organizaciones del norte de Morazán, de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado hoy como Asociación Tutela Legal “María Julia Hernández” en búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Rendimos homenaje al legado de la Dra. María Julia Hernández, Directora de Tutela Legal hasta su fallecimiento y Rufina Amaya, quien como sobreviviente de El Mozote luchó por la verdad aún frente a la amenaza de los poderosos que negaban la masacre.

 

Guillermo García, Ministro de Defensa; Rafael Flores Lima, Jefe del estado Mayor y oficiales del Batallón Atlacatl en 1981, son juzgados como oficiales que presuntamente dirigieron la masacre de El Mozote y sitios aledaños y muchas otras atrocidades durante el conflicto armado salvadoreño, como parte de un aparato organizado de poder que ejerció el terrorismo de Estado.

 

Cristosal, como acompañante de la acusación particular en este caso, demanda investigación y justicia; exhorta a la Asamblea Legislativa para que se abstenga de promover nuevas leyes de impunidad y a la nueva Sala de lo Constitucional que defienda los avances jurisprudenciales en materia de derechos humanos. Rechazamos la negativa de la Fuerza Armada de El Salvador para entregar los documentos militares relacionados a la “Operación Rescate”, durante la cual se consumó la matanza.

 

El Mozote es un desafío de la justicia de hoy, no puede ser democrático ni justo un Estado que encubre y justifica el asesinato de mil civiles, la mayoría niños y niñas, o calla ante la violencia atroz contra las mujeres.

 

¡El Mozote Nunca Más!

 

San Salvador, 11 de diciembre de 2018.

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