Preocupan signos de regresion de la lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala

La finalización anticipada del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), anunciada unilateralmente este mes por el poder ejecutivo de este país plantea suma preocupación manifestada por diferentes instancias internacionales y sectores sociales guatemaltecos por una eventual regresión de garantías constitucionales y logros alcanzados contra la impunidad y la criminalidad organizada desde la firma de los Acuerdos de Paz. Esto no solo implica repercusiones para Guatemala, sino también para la región centroamericana.

 

La CICIG fue solicitada a la Organización de Naciones Unidas por el Gobierno de Guatemala para colaborar en la erradicación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan en este país. No obstante, desde agosto 2018, el presidente Jimmy Morales anunció la no renovación del mandato de la CICIG y fue informado al Comisionado Iván Velázquez que no se le permitiría su entrada a Guatemala. Pese a que Naciones Unidas ha ratificado que CICIG continuará sus operaciones hasta septiembre 2019, conforme lo establece el acuerdo suscrito por el Estado de Guatemala y ratificado por el Congreso Nacional a través del decreto 35-2007, personal de esta entidad ha iniciado su retirada del país como una medida de seguridad y contingencia.

 

En los últimos años, la CICIG a contribuido significativamente a la investigación de estructuras de crimen organizado que han permeado la institucionalidad guatemalteca al más alto nivel, lo que no descarta la influencia de poderes fácticos en las decisiones contra esta comisión, aun en desacato de resoluciones de la Corte de constitucionalidad, lo cual representa inobservancia a la vigencia de un Estado de Derecho.

 

Una de las principales herencias de la CICIG es la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), creada dentro del Ministerio Público (MP) para investigar, junto a la comisión, crímenes de corrupción u otros atribuibles a estructuras criminales complejas. El actual jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, ha sido claro en manifestar que el Ministerio Público no cuenta con las herramientas suficientes aún para desarrollar su difícil tarea sin el respaldo de la CICIG, por lo que su salida del país será un retroceso. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha presentado Recursos constitucionales a favor de la CICIG y su equipo de trabajo. El titular de la PDH, Jordán Rodas Andrade, ha hecho llamados para pronunciarse por la observancia y respeto de compromisos adquiridos en materia de derechos humanos a nivel internacional por el Estado de Guatemala y en defensa de los avances contra la impunidad y corrupción en el país.

 

Cristosal, en su calidad de organización de derechos humanos en Centroamérica, se suma a las manifestaciones de apoyo a iniciativas transparentes e independientes que fortalezcan el Estado de Derecho en la región centroamericana y garantía de la vigencia de los derechos humanos, para lo cual es indispensable la erradicación de la impunidad y la cooptación de instancias estatales por el crimen organizado y poderes fácticos en la región.

 

*Fotografía Reuters

 

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