No permitamos otra amnistí­a | El Salvador

David Morales | Jueves, 21 de febrero del 2019

El Salvador es una República que sufrió un conflicto armado interno en la década de los ochentas, el cual provocó decenas de miles de ví­ctimas asesinadas arbitrariamente, miles de personas desaparecidas forzadamente y torturadas, desplazamientos forzados masivos y otros miles de crí­menes de lesa humanidad y crí­menes de guerra. Pese a este pasado doloroso, la polí­tica predominante durante las últimas dos décadas ha institucionalizado la impunidad más absoluta sobre estos crí­menes. Desde 1993 se instauró una amplia y absoluta Ley de Amnistí­a, contraviniendo así­ el texto expreso de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que contienen un pacto de superación de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el conflicto armado.

 

El 26 de julio de 2016 se produjo un verdadero hito para avanzar en la superación de la impunidad de las graves violaciones a derechos humanos del conflicto armado, cuando la Sala de lo Constitucional de El Salvador declaró que la Ley de Amnistí­a vigente era totalmente inconstitucional, expulsándola del ordenamiento jurí­dico (sentencia de Inconstitucionalidad 44-2013/145-2013).

 

La Sala de lo Constitucional ordenó investigar los crí­menes de lesa humanidad y crí­menes de guerra de aquella época. También ordenó a la Asamblea Legislativa dictar medidas en orden a fortalecer la investigación penal de los casos y facilitar el acceso a toda la información pública sobre los operativos militares en que se produjeron tales hechos. Lamentablemente, la Asamblea Legislativa incurrió en un total incumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistí­a, lo cual constató la misma Sala de lo Constitucional en dos audiencias de seguimiento, la última de las cuales tuvo lugar el 13 de julio de 2018, poco antes de terminar su perí­odo de gestión la mayorí­a de los magistrados que integraban dicha Sala.

 

Pocas horas antes de la última audiencia de seguimiento, sin embargo, la Asamblea Legislativa creó una «Comisión Ad Hoc», para «estudiar» las implicaciones de la mencionada sentencia para la Asamblea Legislativa y la integró con cinco diputados, cuatro de los cuales fueron actores directos en el conflicto armado (dos ex jefes militares y un ex Asesor del Estado Mayor de la Fuerza Armada, así­ como una ex Jefa de la guerrilla). Dos de los integrantes, además, fueron señalados como responsables de encubrir graves violaciones de derechos humanos por la Comisión de la Verdad.

 

Desde el inicio, las 17 organizaciones civiles que conformamos la «Mesa contra la Impunidad en El Salvador» expresamos nuestra preocupación y dudas sobre el mandato y composición de la mencionada «Comisión Ad Hoc». En julio de 2018, promovimos una demanda ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), contra los cuatro diputados que integran la Comisión Ad Hoc y que fueron protagonistas en el conflicto armado (General Mauricio Vargas, Coronel Antonio Almendarez, Abogado Rodolfo Parker y ex Comandante de la guerrilla Nidia Dí­az), por considerar que eran personas beneficiadas directamente por la ley de amnistí­a ya sin efecto, al igual que sus colegas y ex compañeros de armas, siendo evidente que se producí­a un conflicto de intereses que les inhabilitaba para esta labor, en violación al mismo Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

 

El TEG rechazó la demanda de las organizaciones en noviembre de 2018, ante lo cual la Mesa contra la Impunidad interpuso un recurso de reconsideración que el TEG no ha resuelto. En ese marco, las organizaciones de derechos humanos hemos desconocido la legitimidad de la Comisión Ad Hoc y acudimos a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa a la que expusimos por escrito nuestras preocupaciones: a) la Comisión Ad Hoc tiene un mandato incongruente de «estudiar» (no «dar cumplimiento») a la sentencia de inconstitucionalidad y ha evitado tener mandato para proponer medidas de fortalecimiento de los procesos de justicia y acceso a la información; b) la composición de sus miembros por actores de la guerra revela conflicto de intereses personales para los legisladores que la integran, y c) su proceso de trabajo ha sido excluyente de las ví­ctimas y organizaciones que las representan.

 

Por lo anterior, solicitamos a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa que modificara la composición de la citada Comisión Ad Hoc, que le definiera un proceso de consulta amplio y plural con las ví­ctimas y organizaciones de derechos humanos y que ampliara su mandato a los términos especí­ficos y claros que estableció la Sala de lo Constitucional. El 22 de enero de 2019, la Junta Directiva rechazó nuestra solicitud, aduciendo que las integrantes de la Comisión eran «connotables parlamentarios» (sic) y que seguirí­an en esa labor, la cual concluirí­an en un corto plazo.

 

Al contexto anterior de incumplimiento de la sentencia 44-2013/145-2013, debe sumarse la opacidad del trabajo de la Comisión Ad Hoc, que no ha generado ningún debate sobre su agenda de trabajo. Recién con fecha 19 de febrero de este año, dicha Comisión dio a conocer la existencia de «un borrador» de Ley de Reconciliación elaborado por el diputado Rodolfo Parker (responsabilizado en el informe de la Comisión de la Verdad por presuntamente alterar información para encubrir participación de altos jefes militares en el asesinado de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas de la Universidad Centroamericana).

 

Es oportuno recordar, asimismo, que la Asamblea Legislativa ha ignorado por más de un año una propuesta de «Ley de Reparación Integral» para las ví­ctimas del conflicto, presentada por diversas organizaciones de derechos humanos, integradas a la alianza denominada «Grupo Gestor» para una ley de reparación.

 

Las organizaciones que integramos la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, consideramos que la composición y funcionamiento de la Comisión Ad Hoc no es legí­tima, contraviene los estándares internacionales de derechos humanos para este tipo de procesos y es excluyente de las ví­ctimas afectadas. Por tanto, estimamos como muy probable que tal Comisión Ad Hoc busca proponer un proyecto que constituya una nueva ley de impunidad, provocando un fraude a lo mandatado en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistí­a.

 

De concretarse esta posibilidad, se podrí­a entorpecer los iniciales pero inéditos esfuerzos de la Fiscalí­a General de la República para investigar las violaciones a los derechos humanos acaecidas durante el conflicto armado, así­ como la labor de tribunales que han reabierto diversas causas judiciales, entre ellas la causa para investigar la masacre de casi un millar de civiles en El Mozote y sitios aledaños en 1981, la mayorí­a niños y niñas, por el Batallón de Infanterí­a Atlacatl.

 

Pedimos a la población salvadoreña estar atentos al proceso que sigue la Comisión Ad Hoc, de la cual demandamos transparencia y una redefinición de su composición y mandato; llamamos a la comunidad internacional a rechazar nuevos intentos de consolidar la impunidad histórica en El Salvador.