El tímido y tardío reconocimiento del Gobierno al desplazamiento forzado

La Asamblea Legislativa no ha acatado la orden de la Sala de lo Constitucional de estudiar y aprobar una ley que proteja y responda a las víctimas de desplazamiento forzado

 

El Grupo Gestor para la aprobación de una normativa especial de atención y protección a personas víctimas de desplazamiento forzado interno presentó a la Asamblea Legislativa un documento que reúne los “estándares mínimos” que debe cumplir una legislación sobre el tema. El director de Acompañamiento a Víctimas de Cristosal, Abraham Ábrego, asegura que la iniciativa es el “reconocimiento tácito” del fenómeno del desplazamiento forzado, ya que hasta hace poco negaban su existencia.

 

“Nos parece un paso importante porque lo que están diciendo [las autoridades estatales] con esta presentación es la necesidad de una Ley Especial de Desplazamiento Forzado, y aunque no lo digan expresamente, es el reconocimiento tácito del desplazamiento forzado”, destacó Ábrego.

 

El ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que el documento presentado a los diputados buscar orientarlos para que aprueben una ley que garantice la restitución de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado.

 

 

“Definimos que no solamente debe haber acciones de respuesta inmediata, sino que tiene que haber acciones de prevención, también de una asistencia más prolongada y de soluciones duraderas, es decir, intervenciones del Estado que lleven a restituir los derechos de las personas que han sido desplazadas internamente por situaciones de violencia”, señaló el funcionario.

 

Sin embargo, el mismo Landaverde, durante un evento público en abril de 2018, dijo que el Gobierno no reconocía el fenómeno del desplazamiento forzado interno porque “no cumplía con las características” en el marco de derecho humanitario.

 

El 13 de julio de 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al Estado reconocer el fenómeno del desplazamiento forzado y crear un marco legislativo para abordar el tema y proteger a las víctimas.

 

Para ello, la Asamblea Legislativa delegó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el estudio de dos propuestas de ley. Una presentada por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE), y otra presentada por víctimas de desplazamiento forzado con el apoyo de Cristosal.

 

Existe una tercera propuesta, que es la integración de un apartado en la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos. Sin embargo, esta no cumple con las indicaciones dadas por la Sala de lo Constitucional, que ordenó la creación de una legislación especial orientada a la protección de víctimas y testigos de desplazamiento forzado.

 

El plazo dado por los magistrados de la CSJ expiró el pasado 13 de enero, por lo que el Estado ha entrado en condición de desacato por no haber aprobado ninguna ley, mientras las víctimas de desplazamiento siguen escapando o escondiéndose sin que exista un marco legal que los proteja y vele por sus derechos.

 

Si bien se reconoció el problema por parte del Gobierno, urge la aprobación de una Ley que vele por la protección de las víctimas y que determine cuáles son las responsabilidades de los organismos del Estado frente al tema.