Aclaración sobre la presentación de los estándares mínimos a la Asamblea Legislativa

La cobertura mediática a la presentación ha dicho que se trata de una propuesta de ley, cuando en realidad son recomendaciones para que los diputados aprueben una ley que responda a las víctimas

 

A partir de la cobertura de prensa sobre la entrega este lunes 8 de abril de los estándares mínimos para una Ley Especial de Desplazamiento Forzado a la Asamblea Legislativa, Cristosal tiene a bien aclarar que dicho documento no es una propuesta de ley.

 

Diversos medios informativos publicaron que los representantes del Grupo Gestor para la aprobación de una normativa especial de atención y protección a personas víctimas de desplazamiento forzado interno llevaron una propuesta de ley a los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Sin embargo, el documento presentado constituye una serie de recomendaciones que el Grupo tuvo a bien hacer a los legisladores sobre qué requisitos mínimos debe cumplir una Ley Especial de Desplazamiento Forzado para que cumpla con los estándares internacionales de derecho humanitario.

 

Actualmente, existen únicamente dos propuestas conocidas por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales: una presentada por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE), y otra presentada por víctimas de desplazamiento forzado con el apoyo de Cristosal.

 

Existe una tercera propuesta, que es la integración de un apartado en la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos. Sin embargo, esta no cumple con las indicaciones dadas por la Sala de lo Constitucional en el amparo 411-2017, que ordenó la creación de una legislación especial orientada a la protección de víctimas y testigos de desplazamiento forzado.

 

Cristosal considera como un gesto positivo el reconocimiento del desplazamiento forzado por parte del Estado. Sin embargo, recordamos la urgencia de aprobar una ley que responda a las necesidades de las víctimas.

 

El plazo dado por la Sala de lo Constitucional finalizó el pasado 13 de enero, y el estudio y aprobación de la Ley Especial de Desplazamiento Forzado debería ser prioridad, debido a la complejidad y vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas sin un marco legal que determine responsabilidades en el aparato estatal para acogerlas, protegerlas y dignificarlas.

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