Félix Ulloa: “El desplazamiento forzado es un tema de responsabilidad directa del Estado”

Un grupo de cinco organizaciones entregaron un informe sobre el impacto del desplazamiento forzado en la niñez y juventud al presidente electo, Félix Ulloa

 

El vicepresidente Electo, Félix Ulloa, recibió los resultados del informe “Impacto del desplazamiento interno forzado por violencia generalizada en los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”, estudio realizado por Plan Internacional, EDUCO, Asociación de Municipios Microrregión El Bálsamo (MREB), Asociación de Desarrollo Voces de Madres de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad (ADVMES) y Cristosal.

 

El objetivo del informe es visibilizar los abusos y vulneraciones cometidos contra población infantil y juvenil en el país, así como profundizar sobre las responsabilidades de las instituciones del Estado en materia de garantía y protección a víctimas de desplazamiento forzado por violencia.

 

Anteriormente, la directora Regional de Programas de Cristosal, Celia Medrano, dijo que es importante que la Asamblea Legislativa estudie y apruebe la Ley Especial de Desplazamiento Forzado en este contexto de transición gubernamental a fin de heredar al nuevo gobierno un instrumento que permita ajustar políticas para mejorar la condición de vida de quienes han debido abandonar sus hogares por causa de la violencia.

 

Por su parte, Ulloa se comprometió a integrar el tema del desplazamiento forzado en la agenda del nuevo gobierno del presidente electo, Nayib Bukele, y enfatizó en que no cometerán el error de invisibilizar a las víctimas.

 

“El desplazamiento forzado es un tema de responsabilidad directa del Estado. Es una situación que no ha sido abordada adecuadamente. No reconocer estos fenómenos que golpean la vida nacional no permitirá resolver los problemas que aquejan a la población. Los desplazamientos forzados de niñez y adolescencia son una mora del Estado”, dijo el vicepresidente electo.

 

El vicemandatario electo agradeció a las instituciones por haber generado un documento con rigor científico y aseguró que constituirá una fuente importante de información confiable para abordar el tema desde el gobierno central.

 

La población infantil y juvenil es, según la información recopilada por el informe, la más expuesta y afectada por la violencia generalizada en el país. El informe detalló que, durante los años 2017 y 2018, el Instituto de Medicina Legal (IML) reportó 1,212 homicidios de menores y jóvenes entre cero y 19 años de edad.

 

Asimismo, la situación de la niñez y adolescencia con discapacidad, en particular la intelectual, es preocupante, ya que este grupo enfrenta una situación agravada por la dificultad a integrarse y adaptarse a nuevos espacios, ya que deben abandonar sus escuelas y otros centros de apoyo cuando sus familias son obligadas a desplazarse por motivos de violencia.

 

Las organizaciones que participaron en la elaboración del informe destacaron que la falta de presencia de las autoridades y el Estado en las comunidades vulnera el acceso a los derechos básicos de la población infantil y juvenil. También dijeron que el no reconocimiento oficial por parte del Gobierno del fenómeno del desplazamiento forzado por violencia ha impedido la formulación de políticas de protección a favor de las víctimas.

 

Ulloa dijo que la nueva administración no cometerá el mismo error y que se comprometía a formular políticas públicas a favor de las víctimas que permitan responder a sus necesidades.

 

Como instituciones que trabajan a favor de la población más vulnerable, las organizaciones presentes se comprometieron a acompañar las iniciativas que prevengan, asistan y restituyan la dignidad a quienes han tenido que abandonar sus hogares por causa de la violencia. Y remarcaron la urgencia de respuestas y alternativas para afrontar de manera integral el fenómeno del desplazamiento forzado.

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