El derecho al trabajo, otra vulneración del desplazamiento forzado

Estadísticamente, las mujeres son las más propensas a abandonar sus trabajos ante situaciones de desplazamiento forzado. Esto deja a las familias sin ingresos que garanticen su estabilidad y dignidad

 

Las víctimas de desplazamiento forzado interno por violencia generalizada sufren, como consecuencia de su condición, la vulneración de otros derechos. Uno de los que más afecta la calidad de vida de las familias que deben abandonar sus hogares es que a menudo también deben dejar sus puestos de trabajo o medios de sustento económico.

 

Según la oficial de Monitoreo del Desplazamiento de Cristosal, Rina Montti, las estadísticas revelan que el sector que con más frecuencia debe desistir de su trabajo o emprendimientos son las mujeres.

 

“Del total de personas desplazadas que se ven forzadas a abandonar sus hogares, hay más mujeres que se ven forzadas a tener que dejar su trabajo que hombres. Las mujeres son estadísticamente más propensas a tener que abandonar sus trabajos por causa del desplazamiento forzado”, explicó la experta.

 

Asimismo, Montti explicó que las familias que enfrentan mayores dificultades son aquellas que tenían “amarrado” su hogar con su negocio, por ejemplo costureras, pupuserías, tortillerías, etc., ya que deben abandonar no solo su hogar, sino también su sustento.

 

“Por parte del Gobierno no ha habido un acompañamiento particular del Ministerio de Trabajo para garantizar o apoyar la reinserción laboral de estas personas, sino que simplemente se quedan sin trabajo y ya. Más bien es con la creatividad y emprendedurismo particular de las familias desplazadas que logran su reinserción laboral. Hay otras que por medio del acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil han tenido acceso a fondos de capital semilla para iniciar negocios propios”, detalló la especialista.

 

Sin embargo, Montti advierte que esta alternativa tampoco garantiza la seguridad de las familias desplazadas, debido a que se exponen públicamente y podrían volver a ser víctimas de extorsión y amenazas.

 

“Es importante recordar que cuando estas personas han sido acosadas por pandillas, la probabilidad de que vuelvan a ser víctimas de violencia aumenta en la medida en que se exponen debido a que vuelven a tener negocios; es decir que pueden volver a ser víctimas de extorsión, amenazas o ser reconocidas debido a que tienen roles visibles en las comunidades. La probabilidad de que puedan esconderse o huir de sus victimarios es más baja”, apuntó Montti.

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 23 que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

 

No obstante, las víctimas de desplazamiento forzado por violencia continúan desprotegidas y sufriendo vulneraciones a sus derechos. La Ley Especial para la Prevención y Protección Integral de Víctimas de Violencia en Condición de Desplazamiento Forzado presentada por las víctimas y acompañada por Cristosal incluye un apartado que contempla alternativas para garantizar a las familias desplazadas un sustento económico y dignidad laboral.

 

La propuesta, presentada a la Asamblea Legislativa, todavía no ha sido revisada por los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Mientras tanto, las víctimas de desplazamiento forzado continúan sin el soporte jurídico necesario para defender sus derechos.