Carta abierta de la Mesa contra la Impunidad a la Junta Directiva y a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa

¡No más pactos de impunidad!

 

Señores y Señoras

Junta Directiva de la Asamblea Legislativa Presente.

 

Señores diputados y señoras diputadas:

 

Ante el anuncio hecho por el Presidente de la Asamblea Legislativa, Doctor Norman Quijano, de dejar “abierta [la sesión de] la Comisión Política de la Asamblea Legislativa de forma permanente hasta que demos salida a esta labor”, luego que esa Junta Directiva recibiera el informe de la Comisión Ad-Hoc, creada en junio de 2018, para estudiar las implicaciones de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos que suscribimos la presente carta abierta, EXPONEMOS:

 

 

• La sentencia de inconstitucionalidad que expulsó del ordenamiento jurídico salvadoreño a la Ley de Amnistía General, así como la resolución de seguimiento pronunciada por la Sala de lo Constitucional en julio de 2018, ordenan a la Asamblea Legislativa promulgar una ley de reconciliación nacional y asistencia a las víctimas del conflicto armado, que debe producirse con “la participación de aquellos a quienes se destina, lo cual incluye a las propias víctimas y a las entidades que las representan” (Resolución 44 – 2013/145-2013 del 13 de julio de 2018, página 13).

 

• Esta sentencia, en congruencia con las obligaciones internacionales en derechos humanos que soberanamente ha adquirido El Salvador, establece con absoluta claridad los parámetros sobre los cuales debe producirse esta ley y que deben ser irrestrictamente acatados por la Asamblea Legislativa. Estos son:

 

1. Conocimiento de la verdad de lo sucedido y la regulación del derecho que tienen las víctimas de acceder a la información y documentación en poder de las instituciones estatales;

2. Acceso a la justicia, en particular el establecimiento de parámetros y regulaciones penales aplicables a los delitos de lesa humanidad y de guerra, constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos; asimismo, que se declare la imprescriptibilidad de estos delitos y se garantice la participación de las víctimas en los procesos penales;

3. La reparación integral a las víctimas, incluida su correcta identificación; y

4. La determinación de medidas de no repetición y la salvaguarda de la memoria histórica.

 

• La Sala de lo Constitucional ha declarado que tiene por no cumplida la obligación de la Asamblea Legislativa, fundamentalmente porque ese Órgano no ha producido la norma ordenada por la referida sentencia y le recuerda que, para dar plena satisfacción a este mandato, debe escuchar a las víctimas, a las asociaciones que las representan y a otros sectores de la sociedad interesados.

 

• Hasta hoy, la Asamblea Legislativa no ha demostrado una voluntad real de escuchar a las víctimas y sus representantes en el proceso para aprobar una nueva Ley de Reconciliación. Por el contrario, durante dos años incumplió absolutamente sus obligaciones emanadas de la citada sentencia de inconstitucionalidad. Cuando se modificó la composición de la Sala de lo Constitucional, impulsó el trabajo de la conocida “Comisión Ad-Hoc”, que solo pretendió impulsar un proyecto de ley violatorio de la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la cual no realizó un proceso de consulta nacional ni real con las víctimas de los crímenes de lesa humanidad acaecidos en el contexto del conflicto armado.

 

• Nos ha causado sorpresa y profunda preocupación que, a pocos días de un cambio de Gobierno y ante este escenario de incumplimientos, ahora se pretenda aprobar un nuevo proyecto, el cual no se ha hecho público y se pretende realizar también sin llevar a cabo una consulta amplia a las víctimas y organizaciones que les representan, lo cual llevaría a violentar la misma sentencia de inconstitucionalidad 44-203/145-2013, así como diversas sentencias internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de El Salvador.

 

Ante estos acontecimientos, CONSIDERAMOS Y DEMANDAMOS:

 

1. Rechazamos que la Junta Directiva y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, lejos de subsanar el irregular proceso de la Comisión Ad-Hoc, hoy busquen acelerar la aprobación de una nueva ley, sin realizar una amplia consulta social y sin participación de las víctimas, además, en ausencia total de trasparencia.

 

2. La reciente reunión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, para tratar este tema, ha evidenciado algunas posturas inaceptables que son lesivas de la dignidad de las víctimas y que denotan voluntad de generar un nuevo fraude a la Constitución y a las obligaciones internacionales y nacionales de derechos humanos.

 

3. En nombre de las víctimas que representamos y de nuestras propias organizaciones, expresamos nuestra profunda preocupación en el sentido de que se podría estar impulsando un ACUERDO DE IMPUNIDAD entre las diferentes fuerzas políticas, para garantizar la anulación de la justicia y favorecer nuevamente a los violadores de los derechos humanos del conflicto armado interno. Esta posibilidad es inaceptable y antijurídica, por lo que consideramos que el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PROFESOR SALVADOR SÁNCHEZ CÉREN, tiene el imperativo moral y legal de no sancionar una ley que llegase a presentar estas características.

 

4. Exigimos promover un proceso abierto y participativo para escuchar a nivel nacional a víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante el conflicto armado. Si tal proceso no se realiza de manera amplia y suficiente, la aprobación de una nueva ley carecerá de legitimidad y estará viciada de inconstitucionalidad, por lo que deberá ser sometida a los controles constitucionales e internacionales que fueren competentes.

 

5. HACEMOS UN LLAMADO A DIPUTADAS Y DIPUTADOS de los diferentes partidos políticos, comprometidos con los valores democráticos y la construcción de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos, para que no respalden iniciativas de ley que busquen generar un nuevo estado absoluto de impunidad a favor de violadores de los derechos humanos, así como a evitar que nuevamente se atropellen los derechos inderogables a la verdad, la justicia y la reparación de miles de víctimas que sufrieron las peores atrocidades.

 

San Salvador,14 de mayo de 2019.

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