La reconciliación impuesta

Por Katherine Arce, Técnica Psicosocial en el Área de Litigio Estratégico de Cristosal

 

“¿Qué pasaba cuando ustedes estaban pequeños y se peleaban con un hermano?”, pregunté. Algunos respondieron con risas nerviosas, viéndose unos a otros o desviando la mirada. Un señor del grupo respondió: “Pues, yo me acuerdo que nos ponían un castigo. Este consistía en echar sal en la espalda a ambos hermanos y era obligatorio quitársela el uno al otro… hasta que se nos pasaba el enojo a la brava”. Otras señoras agregaron: “Si uno no aceptaba hacer eso, lo hincaban en maicillo o le daban con ese palo… ¿cómo le dicen? ¡Ah! el chilillo. Después de eso, ya no se volvía a hablar sobre el enojo…”.

 

“¿Creen que eso resolvía el problema?”, pregunté. Después de un momento de duda, el mismo señor responde: “No, porque se repetía. Volvíamos a pelear con los hermanos o dejábamos de hablarnos. De uno de ellos ya no tuve noticias… no sé qué se hizo”. Después de esto, el grupo se queda en silencio. Continúo: “Sé que es difícil hablar sobre esto porque nos trae muchos recuerdos… pero quisiera saber ¿qué piensan de la reconciliación después de la guerra?”. Una señora avanzada en años y con el ceño fruncido toma la palabra: “¿Reconciliación significa que tengo que perdonar a los que nos hicieron este daño? ¿… a quién perdonar si nadie ha acudido a nosotros para aceptar lo que hicieron y pedirnos perdón?”. Otro señor agrega: “Lo que pasó es que nos obligaron a perdonar… luego los gobiernos se olvidaron de las comunidades que más sufrieron la guerra y nos hicieron a un lado… pero resignarnos, callarnos, olvidar: eso sería traicionar la memoria de nuestra familia. A los que asesinaron fueron víctimas y queremos que haya justicia”.

 

“Entonces, ¿qué creen que es necesario para la reconciliación?”, pregunto. Un señor responde: “Yo creo que podemos tener una reconciliación cuando las leyes se cumplan con los que hicieron esto… ¡entonces sí habrá reconciliación!¿cómo es posible que quienes se roban una gallina estén presos durante años y los que cometen crímenes como lo que nos hicieron estén bien tranquilos en sus casas?”. Otra participante señala: “Yo creo que la reconciliación inicia cuando nos acercamos a las víctimas y conocemos su historia. No es fácil perdonar, pero al mismo tiempo uno puede hacerlo para sentirse mejor. Aunque cuando han sido cosas tan graves… no puede ser sencillo y es necesario que estas personas se presenten ante la ley. Es cierto que nosotros estamos dispuestos a perdonar, pero seguiremos exigiendo justicia porque eso nos dará una paz individual y una paz colectiva”.

 

Estos son algunos de los diálogos que hemos registrado en los grupos de acompañamiento psicosocial que desarrollamos en las comunidades afectadas por la guerra. Estos espacios han sido creados para reconstruir las redes de apoyo emocional y resignificar la historia colectiva. Este proceso ayuda a que las personas reconocen que el dolor es compartido y que pueden responder organizadamente ante la situación.

 

Aunque la anterior Ley de Amnistía pretendió enfriar la exigencia de justicia evitando cualquier tipo de investigación, con su derogación volvió la esperanza a las comunidades; sin embargo, este mismo espíritu no es compartido desde algunos poderes del Estado. Por ejemplo, desde la Asamblea Legislativa se creó la “Comisión Ad Hoc para el estudio de la ley de Reconciliación Nacional” como iniciativa para responder a la Sentencia. Sin embargo, terminó proponiendo una nueva amnistía con nudos técnicos que imposibilitaban cualquier tipo de investigación real para los crímenes de lesa humanidad. Ante la denuncia de las víctimas y de las organizaciones, se logró cuestionar a nivel nacional e internacional la capacidad ética de los integrantes para proponer una ley sin la consulta real con las víctimas y sin las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

 

 

                        Photo: Mayra Escobar

Semanas después, la Comisión Ad Hoc aceptó que la propuesta del diputado Parker no continuaría discutiéndose debido a las críticas que recibieron y decidieron elaborar un informe para la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que asumió el relevo en la discusión. En las últimas semanas, se creó una nueva subcomisión para preparar un anteproyecto de ley que, según sus declaraciones, pretenden aprobar a través de un proceso “exprés” el jueves 23 de mayo.

 

 

Con las recientes acciones apresuradas y la manipulación de la participación de las organizaciones de sociedad civil queda demostrado que no existe una voluntad real para dialogar con las víctimas ni con sus representantes y que están dispuestos a imponer su propio criterio a la fuerza. Ahora es evidente que el pacto de impunidad ha sido establecido desde distintos niveles de influencia política y buscando beneficiar a los perpetradores de los crímenes más graves. Por ello, solo una respuesta colectiva puede generar impacto en la opinión pública para que se abra un debate democrático, en el cual la ciudadanía pueda expresar su apoyo incondicional a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado.

 

Hasta el momento, la consigna del “perdón y olvido” ha sido el centro de los discursos a favor de la impunidad. Un perdón concedido por los victimarios para los mismos victimarios y un olvido en base a “la verdad” impuesta por quienes se beneficiaron de la amnistía. Dejar este tipo de crímenes en el olvido puede llevarnos al grave error de dar la razón a quienes los cometieron y avalar implícitamente que vuelvan a ocurrir en este tiempo.

 

Durante décadas, las víctimas nos han demostrado que es posible perseverar en la lucha por la dignidad y la justicia. Nos han recordado en innumerables ocasiones que es necesario insistir en el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por ello, desde ellas mismas y con apoyo de las organizaciones, el 21 de mayo de 2019 se validó y presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto “Ley especial de reparación integral y acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado”.

 

Este es el resultado del acompañamiento jurídico y psicosocial que se ha brindado en las comunidades de parte de las organizaciones que componen la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor para la ley de reparación integral, los comités de madres y las asociaciones de víctimas que se han unido en un solo colectivo. Hemos sido testigos de que las víctimas se han cansado de esperar y ahora han tomado las riendas de su propia historia: nuestra historia.