Triple salto mortal al Estado de Derecho

Hemos conocido que el pasado 29 de junio, mediante tuits, el presidente de la República le ordena al Director General de Centros Penales “enviar a los capturados por el secuestro del bus y las violaciones a mujeres el día de ayer, al Penal de Máxima Seguridad y colocarlos en aislamiento total, hasta que sean llevados a juicio.” Asimismo, hemos conocido un diálogo similar en el que el Presidente gira la instrucción de “endurecer las políticas”, ubicando a personas privadas de libertad de distintos grupos de pandillas en los mismos centros. Con estas aparentemente justicieras instrucciones, el Presidente estaría realizando lo que podríamos denominar metafóricamente, un triple salto mortal al Estado de Derecho.

 

Primer salto mortal: se violenta la independencia de poderes, pues cuando se giró la instrucción que las personas capturadas por el incidente del secuestro del bus, si las había, aún estaban bajo la detención administrativa, es decir, aún faltaba que un juez o jueza decidiera si esta persona pasaría de la detención administrativa a la detención preventiva, a partir de la cual una persona ingresa al sistema penitenciario, antes no, pues muchas cosas pueden pasar, desde la estimación que haga la fiscalía de la condición de las personas capturadas hasta la decisión judicial al respecto. Es decir, se violentó lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, pues el Presidente se anticipó a la decisión que debía tomar un juez o jueza.

 

Segundo salto mortal: tanto los traslados de personas privadas de libertad, como la decisión de asignar a un determinado centro a una persona que ingresa al sistema penitenciario, son decisiones que, de acuerdo a la Ley Penitenciaria, deben ser tomadas por los Consejos Criminológicos, al punto que ha habido procesos penales contra algunas personas que los integraban, por ceder a presiones para autorizar traslados ilegalmente. Al tomar la decisión que debe ser tomada por un funcionario o instancia de menor jerarquía, se violenta la que la Constitución establece en su artículo 17, prohibiendo a los funcionarios avocarse causas pendientes, es decir, no dejar que se ejerzan las funciones legalmente establecidas a funcionarios o instancias, que aunque de menor jerarquía, son las que tienen la competencia legal.

 

Tercer salto mortal: el uso de la privación de libertad en condiciones “endurecidas” o como mecanismo de venganza social (lo que los criminólogos llaman retribucionismo: compensar con venganza a la sociedad el mal causado por un hecho criminal) fue desterrado de la Constitución en su artículo 27, y podría llegar a constituir una forma masiva de realizar torturas a personas privadas de libertad. Según la disposición mencionada “Se prohíbe …las penas …, las infamantes, … y toda especie de tormento. … El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos.” El Presidente no solo se arroga funciones de los jueces como la de establecer penas, con lo cual viola nuevamente la independencia de poderes, sino que desnaturaliza el fin resocializador de las penas establecido en la Constitución.

 

De concretarse los tuits presidenciales en acciones de gobierno, se estaría dañando severamente las bases del Estado de Derecho, pues se estarían violentando algunos de los principios que los cimientan.