Migración y desplazamiento forzado: urge el cumplimiento del Plan de Acción Brasil

En el marco del Foro de Actores Regionales por los Derechos Humanos de Víctimas de Violencia en Condición de Desplazamiento y Migración Forzada organizado por el Sistema Regional de Monitoreo en San Salvador el 28 y 29 de mayo de 2019 se generó la presente Declaración sobre el cumplimiento del Plan de Acción Brasil +30 en la región.

 

El Plan de Acción de Brasil (PAB) fue firmado por un total de 31 países y territorios de América Latina y el Caribe en 2014 en conmemoración del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena, estableciendo compromisos por parte de los Estados y recomendaciones para una protección integral de los derechos de poblaciones vulnerables en procesos dentro de los cuales destacan el desplazamiento interno, refugio y migración irregular.

 

En el caso particular para el denominado Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), el PAB reconoce como una de las principales causas de desplazamiento interno y migración a la violencia, urgiendo medidas de prevención, atención y promoción de soluciones duraderas; así como su coordinación entre los países de origen, tránsito y destino.

 

Demandamos cumplimiento del Plan de Acción Brasil

 

 

“Promover la adopción de políticas públicas integrales y su inclusión en los planes nacionales de desarrollo que atiendan las necesidades de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas, contando con su participación y la de las comunidades de acogida; y multiplicar esfuerzos para garantizar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los laborales, teniendo en cuenta las necesidades diferenciadas de los grupos y poblaciones en situación de vulnerabilidad, a efecto de promover su integración local”.

Plan de Acción de Brasil

 

Antecedentes

 

Luego de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas de 1994 y la Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina de 2004, así como la Declaración de Brasilia Sobre la Protección de Personas Refugiadas y Apátridas en el Continente Americano de 2010, el Plan de Acción de Brasil (PAB) fue firmado por un total de 31 países y territorios de América Latina y el Caribe en 2014 en conmemoración del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena, estableciendo compromisos por parte de los Estados y recomendaciones para una protección integral de los derechos de poblaciones vulnerables en procesos dentro de los cuales destacan el desplazamiento interno, refugio y migración irregular; constituyéndose de esta manera en el estándar más actualizado en esta materia a nivel regional.

 

En el caso particular para el denominado Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), el PAB reconoce como una de las principales causas de desplazamiento interno y migración a la violencia, urgiendo medidas de prevención, atención y promoción de soluciones duraderas; así como su coordinación entre los países de origen, tránsito y destino. En este sentido destaca la recomendación de un Observatorio de Derechos Humanos para el Desplazamiento.

 

Por tanto, los compromisos del PAB se convierten en una auténtica plataforma para demandar desde las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, los gobiernos locales y las mismas víctimas, la activación de responsabilidades por parte de los Estados de la región de cara a incumplimientos y áreas de oportunidad en materia de atención integral al desplazamiento y migración forzada.

 

 

Declaración sobre el cumplimiento del Plan de Acción Brasil

 

Nosotros y nosotras pertenecientes a instituciones, organizaciones parte de la sociedad civil y gobiernos locales de los países México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua abajo firmantes nos sumamos a la declaración surgida en el marco del Foro de Actores Regionales por los Derechos Humanos de Víctimas de Violencia en Condición de Desplazamiento y Migración Forzada organizado por el Sistema Regional de Monitoreo en San Salvador el 28 y 29 de mayo de 2019,

 

i. Convencidos y convencidas de la importancia del PAB para la protección de los migrantes y desplazados de la región como un instrumento que garantiza el respeto irrestricto, protección y promoción de los derechos humanos de los refugiados, desplazados y apátridas, con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad,

 

ii. Preocupados y preocupadas por la alarmante situación de violaciones a los derechos humanos de los y las migrantes de Centroamérica en su cruce y llegada a México y a Estados Unidos,

 

iii. Resaltando el rol protagónico de los gobiernos locales para la creación de soluciones duraderas y el rol de los gobiernos e instituciones estatales para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas desplazadas. Reconociendo y motivando el trabajo de los gobiernos locales que ya están realizando esfuerzos por la protección de los derechos humanos de las personas en condición de desplazadas o retornadas.

 

iv. Analizando que el desplazamiento forzado y la migración son procesos causados por múltiples factores como la violencia estructural generada por el modelo neoliberal extractivista, patriarcal y racista; la pobreza, la desigualdad, la precarización del trabajo y la marginación, la falta de oportunidades para la niñez y juventud, la criminalización de la juventud, las detenciones irregulares y el poco acceso a la educación pública y gratuita, la inestabilidad democrática, el retorno al autoritarismo político y a las dictaduras, la represión estatal, la falta de reconocimiento y respeto a las diversidades, el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, el despoje de los territorios, el cambio climático, las epidemias,

 

v. Convencidos y convencidas que migrar debería de ser una decisión voluntaria y no una acción motivada por la violencia generadora de violaciones a los derechos humanos,

 

vi. Manifestando y reconociendo el importante trabajo de todas y todos los defensores de Derechos Humanos en la región, en especial la del Procurador de Derechos Humanos en Guatemala y otras organizaciones para la defensa del régimen de derechos y la lucha anticorrupción en la región,

 

vii. Acompañando la lucha de las y los defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y garífunas, líderes y lideresas comunales por la tierra territorio y el desarrollo de la democracia en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y en toda la región.

 

 

ACORDAMOS:

 

Sobre el cumplimiento de lo estipulado en el Capítulo 4 del PAB se concluye que,

 

1. Cualquier acción de reconocimiento hacia la problemática de desplazamiento forzado es insuficiente si no se acompaña de marco jurídico y acciones concretas y se asigna presupuesto público para la atención primaria, secundaria y terciaria de las víctimas. La asignación de fondos debe estar acorde a un respectivo diagnóstico que perfile las características de las personas migrantes y/o desplazadas.

 

2. Es necesario que el Estado de Guatemala reconozca formalmente el desplazamiento forzado en su territorio y los Estados de Guatemala, El Salvador y Honduras ejecuten acciones sustantivas para el reconocimiento, visibilización y defensa de las personas en calidad de víctimas del desplazamiento forzado; la falta de reconocimiento estatal, entre otras cosas, genera en las víctimas no reconocerse en condición de desplazamiento y no exigir sus derechos.

 

3. La corrupción es un problema grave de la región que genera círculos de empobrecimiento, violencia, y, por ende, desplazamiento forzado, limitando la atención a las víctimas.

 

4. Los Estados no se preocupan, desatienden la situación de desplazamiento y migración forzada y no son garantes del régimen de derechos humanos. Los Estados han terciarizado los servicios de protección; no existe institucionalidad formal relacionada al desplazamiento forzado. El Estado no ha generado las condiciones adecuadas para atender a las víctimas. Ante la ausencia del Estado, son las organizaciones de sociedad civil quienes asumen esta tarea.

 

5. Las organizaciones internacionales tienen limitadas asignaciones presupuestarias para programas de prevención de migración y desplazamiento, así como también atención a víctimas de desplazamiento y migración forzada.

 

6. No se ha cumplido el Programa “Fronteras Solidarias y Seguras” estipulado en el Plan Brasil.

 

7. Las personas en condición de desplazamiento desconfían de las instituciones públicas y no denuncian posibles casos de desplazamiento forzado por miedo de persecución, no existe un sistema real y adecuado de atención a víctimas: las personas no se sienten protegidas.

 

8. El PAB no estipula plazos ni formas de evaluación.

 

 

Sobre las características actuales de la situación de migración,

 

9. Los Estados de la región centroamericana, así como el Estado mexicano y Estados Unidos no están preparados para atender el desplazamiento y la migración forzadas con un enfoque de Derechos Humanos y de garantía de protección internacional. Los Estados deben generar un sistema de asistencia humanitaria con respeto a la dignidad de las personas.

 

10. La violencia de la separación en las fronteras mexicana y estadounidense genera situaciones traumáticas en las personas. Se debe de respetar el derecho de los grupos familiares en condición de desplazamiento a mantenerse unidos haciendo prevalecer el interés superior de la niñez. Se debe de evitar la estigmatización de las personas en condición de víctimas de desplazamiento y migración forzadas, acompañándolas con un enfoque psicosocial.

 

11. Se debe de poner énfasis en lo estipulado por el PAB relativo a que la atención a personas y grupos en condición de desplazamiento y migración forzada deben ser atendidas con un enfoque diferencial.

 

Al respecto de áreas de oportunidad y retos que debemos de asumir las organizaciones de sociedad civil, los Estados, los gobiernos municipales y todos los actores que trabajan por el respeto de los derechos humanos en la región:

 

12. Hacer un llamado urgente a las instituciones nacionales y a las instituciones regionales como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) a concretizar a la brevedad los observatorios nacionales y regional de desplazamiento forzado. A su vez, a consensuar y difundir el objetivo de los observatorios.

 

13. Desarrollar y fortalecer redes regionales y transnacionales eficientes de organismos regionales, Estados, organizaciones internacionales, organizaciones de derechos humanos y gobiernos locales para desarrollar acciones coordinadas. Se debe de incidir para un abordaje coordinado entre los países expulsores, de tránsito y receptores de las personas desplazadas.

 

14. Promover la creación de leyes sobre desplazamiento forzado y reformas a los códigos municipales, además de la creación de políticas públicas que incluyan el enfoque de migración integral fundamentado en el enfoque de Derechos Humanos incluyendo los compromisos de los gobiernos para la prevención del desplazamiento; incidir en el apoyo de los cuerpos legisladores nacionales para dichas reformas, sin dejar de lado la participación de las víctimas fundamentándose en los Principios Rectores de Desplazamientos Internos.

 

 

15. Armonizar los marcos jurídicos de los Estados para la protección de los derechos humanos de las personas en condición de desplazada o migrante forzada.

 

16. Ahondar y difundir los derechos humanos a la población, así como también, trabajar por el ortalecimiento de las instituciones públicas de Derechos Humanos. Empoderar a la población en sus Derechos para exigir su cumplimiento en sus países nacionales previos a su salida del país, así como también para que puedan exigirlos en los países de tránsito y destino.

 

17. Solicitarle a ACNUR la actualización de: “Nota de Orientación del ACNUR sobre las Solicitudes de la Condición de Refugiado Relacionadas con las Víctimas de Pandillas Organizadas” para actualizar los mecanismos de respuesta.

 

18. Fortalecer las capacidades de los actores para promover el primer tipo de solución duradera: el retorno a la comunidad de origen. El retorno a las comunidades de origen debe de ser empoderado con recursos y generar capacidades a los gobiernos locales para apoyar en este proceso. El Estado debe de garantizar el respeto de los derechos al empleo, a la educación y a la salud y su restitución debe ir considerado en soluciones duraderas. Sensibilizar a la empresa privada en temas de empleabilidad cuando una persona vuelve a su comunidad de origen.

 

19. El fortalecimiento y sensibilización de los sindicatos y espacios de organización laboral para la protección de los empleos de las personas que han sido desplazadas. Enfocarse a la empleabilidad y derechos laborales como un tema de prevención. Reforzar el desarrollo de emprendimiento, acceso a créditos, reconocimiento de las capacidades empíricas y académicas, homologaciones y acreditaciones de las personas retornadas.

 

20. Exigirle al Estado la recuperación de los territorios bajo control de crimen organizado y pandillas previo a la solución duradera. Los Estados deben de retomar el control territorial.

 

21. Apoyar a los actores comunitarios y municipales para el cambio de conducta hacia una persona retornada para erradicar la estigmatización, criminalización y discriminación a través de un enfoque psicosocial y de salud mental integral. Antes del desplazamiento, se debe de reforzar el tejido comunitario para la prevención de migración forzada de personas y generar un cambio de narrativa sobre la persona retornada, para que tenga la posibilidad de reintegrarse a su país o a la comunidad de destino.

 

Firmamos,

 

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)

El Salvador

Centro de Desarrollo Humano (CDH)

Honduras

Casa Alianza

Honduras

Asociación Pop No´j

Guatemala

Asociación Religiosa Fe y Alegría

Nicaragua

Refugio de la Niñez

Guatemala

Alcaldía Municipal de Masahuat

El Salvador

Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente (CDRO)

Guatemala

Cristosal

El Salvador

Procuraduría de los Derechos Humanos

Guatemala

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.

México

Sin Fronteras IAP

México

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)

El Salvador

Fe y Alegría

Guatemala

Ayuda en Acción

El Salvador

Logotipo Cristosal