Las políticas de maltrato a migrantes no son la solución

Las políticas de criminalización de la migración, las externalizaciones de fronteras y el uso de la crueldad y degradación física y psicológica a migrantes en detención para disuadir a la población son políticas fracasadas y deshumanizantes. Cristosal considera que la aplicación de esta visión reducida y su réplica en Centroamérica tendrán un efecto contraproducente y desestabilizador que agudizará las causas subyacentes de la migración forzada.

 

Las medidas inicialmente acordadas entre los presidentes de Guatemala y los Estados Unidos, lejos de fortalecer el acceso al derecho de asilo y la capacidad de protección a personas desplazadas por violencia en la región, provocará más inestabilidad y sufrimiento humano innecesario en nuestro hemisferio. Aunque recientemente la institucionalidad constitucional en Guatemala vetó al presidente Jimmy Morales de firmar un acuerdo de esta naturaleza, es muy probable que las presiones hacia Guatemala se redoblen cuando asuman las nuevas autoridades gubernamentales en un periodo cercano.

 

La situación humanitaria proveniente de Guatemala, Honduras y El Salvador requiere de compromiso firme de todos los gobiernos de la región con la responsabilidad compartida de proteger a nuestros migrantes, solicitantes de asilos y desplazados internos para restablecer estabilidad y el Estado de Derecho en el corredor migratorio mesoamericano.

 

De igual forma, El Salvador, Guatemala y Honduras tienen la responsabilidad primaria de proteger a los ciudadanos afectados por la violencia y a aquellos que han sufrido de violaciones a sus derechos humanos en sus propios territorios.

 

Lo que predomina en la política pública de seguridad y migración ordenada desde Washington a Managua es un peligroso populismo punitivo que castiga a los más vulnerables y no produce impactos sostenibles en la seguridad ciudadana ni en la reducción de la migración forzada.

 

Es urgente la adopción de políticas que transformen los problemas inherentes del sistema de migración en Estados Unidos y México, además de que sus funcionarios tengan la voluntad política y cooperación a largo plazo para resolver los problemas estructurales de la inequidad, violencia e impunidad en los países centroamericanos que hasta ahora siguen expulsando a sus ciudadanos a buscar garantías en naciones extranjeras que no les han sido respetadas en sus lugares de origen.

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