Precisiones de la Sala de lo Constitucional sobre detenciones arbitrarias en Emergencia por COVID-19

La Sala de lo Constitucional ha hecho algunas precisiones sobre el proceso de habeas corpus 148 y 149 2020 a favor de 4 personas, los habitantes de la República y las personas capturadas a partir del 22 de marzo de 2020 que se encuentren en delegaciones policiales.

 

El 8 de abril de 2020 la Sala de lo Constitucional reaccionó a:

 

1.   El anuncio del “endurecimiento” de la cuarentena domiciliar, que hizo la Presidencia de la República en Cadena Nacional del 6 de abril de 2020, y

 

2.  Las actuaciones de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, después de dicho anuncio, privando de libertad a más de   cien personas y remitiéndolas a centros de contención a una cuarentena de treinta días.

 

La reacción de la Sala consistió en hacer las siguientes precisiones:

 

1. Las resoluciones en materia de hábeas corpus obligan con relación a un caso particular, pero las autoridades y los funcionarios deben respetar “con lealtad y buena fe”, los criterios que establece la Sala sobre la interpretación de los derechos fundamentales, en estas resoluciones.

 

2. En su resolución del 26 de marzo de 2020, determinó que para que una persona pueda ser privada de su libertad en forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso, se deben respetar los siguientes requisitos:

 

i. El confinamiento o internamiento deben estar previstos en una ley aprobada por la Asamblea Legislativa;

 

ii. La ley debe ser conocida por la población;

 

iii. La ley debe ser precisa y clara, no dar lugar a que los funcionarios la apliquen arbitrariamente;

 

iv. Debe hacerse una aplicación limitada de la privación de libertad, cuando la cuarentena domiciliar se incumpla después de haber requerido su cumplimiento voluntario, y

 

v. Deben ser aplicadas conforme los casos y procedimientos establecidos, y estar sometidas a controles judiciales como el habeas corpus y el amparo

 

3. En la misma resolución, se emitieron medidas cautelares, en las que se ordenó al Presidente de la República y a las autoridades de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada:

 

i. Abstenerse de aplicar formas de confinamiento o internamiento sin base legal;

 

ii. Aplicar dicho confinamiento o internamiento única y exclusivamente en los casos previstos en el Código de Salud (en su artículo 136), demostrando que las personas pueden haber sido contagiadas y contagiar a otras personas, y no de manera “automática” por “la mera inobservancia, insumisión o rebeldía frente a la disposición gubernamental de quedarse en casa durante el período de cuarentena”;

 

iii. De lo contrario, se deberá remitir o trasladar a sus casas a las personas que incumplan la cuarentena domiciliar, siguiendo con los protocolos sanitarios respectivos y absteniéndose de llevarlas hacia bartolinas o dependencias policiales, así como a centros de contención;

 

iv. Garantizar un trato digno y las atenciones adecuadas a las personas que ya han sido enviadas a centros de contención sanitaria, absteniéndose de exhibirlas sin su consentimiento ante los medios de comunicación, ni propiciar su estigmatización social por la situación en que se encuentran.

 

4. Estas medidas cautelares, ratificadas y ampliadas por la Sala el 8 de abril de 2020, son extensivas a todas las personas que enfrenten el riesgo o la aplicación efectiva de una privación de libertad en forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso realizado por la PNC o la Fuerza Armada por el supuesto incumplimiento de la cuarentena domiciliar establecida por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

 

5. Las medidas de confinamiento por motivos de salud no deben considerarse en ningún caso como sanción o castigo; el Presidente de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y cualquier otra autoridad tienen constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar, mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley con todos los requisitos que ya la propia Sala señaló, o conforme el art. 136 del Código de Salud.

 

6. La Ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19 (Decreto Legislativo N° 611, de 29/3/2020) no regula una medida de confinamiento o internamiento forzoso por incumplimiento de la cuarentena domiciliar y, por el contrario, sí ratifica el carácter obligatorio de las medidas cautelares ordenadas por la Sala.

 

7. Esta ley tampoco autoriza quitar sus bienes a las personas por incumplir la cuarentena domiciliar; ninguna autoridad puede por esa razón decomisar vehículos, ni ningún otro bien.

 

8. Los elementos de la Fuerza Armada no están autorizados para realizar detenciones discrecionales o arbitrarias, ni lesionar, injustificadamente, a las personas en dichos procedimientos; además, la Fuerza Armada debe sujetarse estrictamente a sus facultades constitucionales, y respetar la dignidad e integridad de las personas, ya que su función prioritaria en esta emergencia es de auxilio a la población.

 

9. La Sala ratifica que la cuarentena domiciliar es obligatoria para toda la ciudadanía; no obstante, ante su incumplimiento, ninguna autoridad puede ordenar verbalmente o por escrito la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Menos pueden, los integrantes de la Policía Nacional Civil o de la Fuerza Armada, ejecutar actos de fuerza que violan los derechos de las personas. El uso de la fuerza pública solo procede cuando sea necesario, y bajo el estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley.

 

10. La población salvadoreña está obligada a cumplir con las disposiciones de las autoridades dirigidas a prevenir o controlar la propagación de la enfermedad causada por el COVID-19 y las conductas irresponsables pueden ser respondidas de modo enérgico, incluso con limitaciones intensas de derechos, pero solo dentro del marco de la Constitución.

 

11. La responsabilidad por actos de violación a la Constitución es a título personal por los daños y perjuicios que se ocasionen; en la violación de derechos humanos o fundamentales no opera la obediencia debida, responden tanto los que ordenan dichas violaciones, como los que las ejecutan y los que los consienten.

 

12. La Sala nuevamente pide al Ministerio de Salud y a la Asamblea Legislativa que regulen con urgencia las medidas que limitan la libertad física derivadas de la grave situación de emergencia por la pandemia del COVID-19, incluso podrían establecer sanciones pecuniarias ante el incumplimiento de la cuarentena domiciliar.