Carta abierta ante la controversia de los Órganos de Estado

San Salvador, 13 de agosto de 2020.-

 

A la Asamblea Legislativa, al Órgano Ejecutivo y a la Sala de lo Constitucional:

 

Desde que el Consejo de Ministros emitió el 11 de marzo de 2020 el Decreto número 12 de Emergencia Nacional por la Pandemia COVID 19, se han venido librando controversias entre Ejecutivo y Legislativo, las cuales ha intentado resolver desde sus potestades jurisdiccionales la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

 

La confrontación entre los poderes del Estado se ha centrado en la insistencia del Ejecutivo de ejercer facultades de regulación de los derechos que deben ser afectados en el enfrentamiento de la pandemia, respecto de lo cual la Sala nos ha aclarado que la Suspensión de Derechos es una facultad extraordinaria de la Asamblea Legislativa y, en situaciones bastante excepcionales, del Consejo de Ministros; en tanto que la limitación o restricción de derechos, cuando esto es necesario, debe hacerla la Asamblea Legislativa con leyes que apruebe con sus respectivas formalidades; al Órgano Ejecutivo le corresponde la regulación o reglamentación de estas leyes para su aplicación.

 

Es de reconocer que este debate, sin llegar a decir que ha sido estéril, sí ha cobrado un tiempo y unas energías cruciales para enfrentar en forma conjunta la pandemia. En estos cinco meses lo ideal hubiera sido que nuestros liderazgos políticos, encabezados por el Jefe de Estado, asumieran concertadamente decisiones y mensajes en el sentido que con todo y lo grave de la situación, nuestros dirigentes debieron demostrar que saben dejar a un lado sus diferencias y dar certeza en el rumbo común que debemos seguir.

 

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen obligaciones que cumplir con la población en el marco de la pandemia, y no pueden dejar de asumirlas. No es admisible que en esta fase tan determinante de la pandemia se carezca de planes y normas básicas para ordenar la reapertura de las actividades económicas.

 

En este momento en que está en manos de la Sala de lo Constitucional resolver la controversia constitucional entre el Presidente de la República y la Asamblea Legislativa en torno a la supuesta inconstitucionalidad de los artículos 16 y 17 del Decreto Legislativo n.º 661 del 12 de junio de 2020, que contiene la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía, por la supuesta violación de los artículos 1, 65, 66 y 86 inciso 1° de la Constitución, como organización de Derechos Humanos, promotora de la preponderancia de la persona humana y del Estado Democrático de Derecho,

 

EXPRESAMOS:

 

1. Si bien al Órgano Ejecutivo le compete planificar, dirigir, coordinar y ejecutar la política de gobierno en materia de salud, a la Asamblea Legislativa le compete regular la restricción de derechos, por ende, corresponde a la Asamblea regular en qué grado y medida se da la restricción. Una cuarentena o medidas similares de limitación de derechos reconocidos constitucionalmente requieren ser establecidas en una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, y eventualmente mediante las formalidades de la suspensión de garantías constitucionales. Según nuestra Constitución la Asamblea Legislativa no tiene límites en su capacidad normadora, y por el contrario las potestades normadoras del Órgano Ejecutivo están severamente limitadas.

 

2. De entrar en vigor el Decreto n.º 661, en lugar de desconocer las facultades del Órgano Ejecutivo, en particular las que éste ejerce a través del Ministerio de Salud al que se le reconoce su calidad de entidad rectora del Sistema Nacional Integrado de Salud, se le estaría dotando de múltiples facultades con las cuales enfrentar la pandemia mediante disposiciones particulares, y algunas adicionales a normativas ya vigentes en materia de salud, protección civil, asistencia humanitaria, laboral, educativa, seguridad alimentaria, servicios públicos, comercio, transporte público, servicio exterior, identificación personal, extranjería, acceso a la información pública y competencia municipal.

 

3. El Órgano Ejecutivo, con estas disposiciones y con otras facultades atribuidas por leyes como el Código de Salud y la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, contaría con la más variada gama de recursos tanto de control administrativo como para la prestación de servicios de salud, para la protección, la garantía y la restitución del derecho a la salud, los cuales debe utilizar articuladamente y con base en unas políticas y planes  ampliamente consensuados y masivamente divulgados.

 

Muchas de las medidas sanitarias recomendadas por expertos pueden desarrollarse con las normas que establece el Código de Salud. 

 

4. Las disposiciones que mencionábamos, así como algunas que podrían dar lugar a la restricción de derechos como la libre circulación o la libre contratación, y otras orientadas a regular las fases secuenciales de la reapertura de actividades económicas y la regulación de la contratación pública, podrían ser útiles herramientas en manos de las autoridades y de la población para la garantía de derechos de las personas en el marco del combate de la pandemia, siempre y cuando funcionen eficazmente los diversos mecanismos de control, incluidos los de carácter financiero, pero en especial los de protección de los derechos de las personas ante los abusos, como el habeas corpus, el amparo y el acceso a la información pública.

 

5. De declarar constitucional el Decreto n.º 661, la Sala de lo Constitucional deberá aclarar los efectos de su decisión en cuanto a la temporalidad, ya que muchos de los plazos originalmente establecidos deben ser modificados para que algunas de las disposiciones, tales como los artículos 11, 16 y 35, tengan sentido al momento de entrar en vigor la ley.

 

6. Por ende, reiteramos el llamado a que los órganos de Estado asuman sus obligaciones para asegurar tanto el derecho a la salud como los derechos de la población a condiciones de trabajo y productivas para su supervivencia.

 

¹Paráfrasis: Tinetti, José Albino, et alia, Manual de Derecho Constitucional, Tomo I, Proyecto Reforma Judicial, 1era edición 1992, págs. 64 y 65.